El uso intensivo de agroquímicos —especialmente fumigaciones con pesticidas realizadas mediante avionetas— ha provocado un aumento de enfermedades graves y la muerte de abejas en la comunidad maya de Suc Tuc, denunció el representante ejidal Benjamín Yeh Acosta.
El líder comunitario entregó un documento al Congreso del Estado de Campeche en el que solicita reactivar las funciones de la Comisión Intersecretarial para que investigue los daños ambientales y de salud que, según afirma, afectan a decenas de comunidades de la región.
Yeh Acosta explicó que la contaminación generada por los pesticidas también ha provocado la muerte de miles de abejas, lo que ha reducido drásticamente la producción apícola y ocasionado pérdidas superiores a 16 millones de pesos, sin que los productores hayan recibido compensación alguna.
De acuerdo con el representante del ejido, en la comunidad se han identificado entre 10 y 20 casos de cáncer en piel, labios y estómago, además de malformaciones en recién nacidos, situación que mantiene preocupadas a las familias de la zona.
El dirigente también señaló que durante las temporadas de lluvias e inundaciones las enfermedades gastrointestinales aumentan hasta 80 por ciento, algo que los habitantes relacionan con la contaminación del agua provocada por escurrimientos provenientes de zonas agrícolas donde se cultivan maíz, soya y sorgo.
A la par de la crisis sanitaria, los apicultores han sufrido fuertes pérdidas económicas desde 2023 debido a la mortandad de abejas tras las fumigaciones con agroquímicos. Según Yeh Acosta, la primera afectación representó cerca de 12 millones de pesos, mientras que una segunda pérdida alcanzó casi 4 millones adicionales.
En 2023, el gobierno estatal entregó núcleos de abejas —pequeñas colonias destinadas a iniciar nuevas colmenas— para apoyar a los productores. Sin embargo, estos también se perdieron a inicios de 2024 luego de nuevas aplicaciones de pesticidas en áreas cercanas a Crucero Oxá y Suc Tuc, donde opera la empresa Yibel.
Aunque en 2024 se instaló una comisión intersecretarial y se realizaron reuniones con autoridades ambientales y de salud, los apicultores aseguran que no se han establecido prohibiciones ni mecanismos de vigilancia para controlar el uso de sustancias altamente tóxicas tanto para las abejas como para las personas.
Ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades, los productores analizan emprender acciones legales para exigir protección ambiental, medidas de control sobre los pesticidas y compensaciones por los daños ocasionados.