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Agricultores anuncian bloqueos y exigen al gobierno federal atender sus demandas

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Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron que el próximo 20 de marzo realizarán bloqueos en carreteras y vías ferroviarias para exigir que el gobierno federal atienda diversas demandas relacionadas con la regulación del mercado de alimentos y la comercialización de cosechas, las cuales fueron planteadas desde diciembre pasado sin que, aseguran, hayan sido resueltas.

Eraclio Rodríguez Gómez, uno de los dirigentes de la organización, explicó en entrevista con La Jornada que el gobierno únicamente ha cumplido con el tema relacionado con el agua, mientras que otras solicitudes siguen pendientes, entre ellas la creación de una banca de desarrollo agropecuario, la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio y el establecimiento de precios de garantía.

El dirigente señaló que estas propuestas buscan impulsar una agricultura nacional con una visión distinta por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), enfocada más en las necesidades del país que en la dependencia de las importaciones y exportaciones.

A su juicio, este cambio permitiría transformar la situación del campo, ya que, afirmó, no es viable continuar con un modelo agrícola sujeto a los precios que se determinan en la bolsa de Chicago, la cual calificó como un mercado altamente especulativo.

“Apoyos de la Sader llegaron tarde”

Los miembros del FNRCM también criticaron que los apoyos otorgados por la Sader para la comercialización de granos básicos, como el maíz amarillo, llegaron tarde y de manera incompleta. Indicaron que el apoyo consiste en 600 pesos por tonelada por parte del gobierno federal y 150 pesos adicionales aportados por los gobiernos estatales de Chihuahua y Tamaulipas.

Según los agricultores, esta ayuda llegó cuando muchos productores ya se habían visto obligados a vender sus cosechas para cubrir compromisos económicos. Señalaron que, al menos en Chihuahua, actualmente queda almacenada menos de la mitad de la producción obtenida el año pasado.

Rodríguez Gómez añadió que los pagos pendientes por maíz y trigo no se han cubierto completamente y que los avances han sido mínimos. Además, sostuvo que el precio actual del grano que aún permanece en bodegas es demasiado bajo, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de los productores.

“No hay manera de que un agricultor pueda sostenerse con el precio actual por tonelada en el mercado; muchos terminarán en la quiebra”, advirtió.

El dirigente también señaló que la falta de resultados se refleja en el precio de la tortilla, que continúa entre 25 y 30 pesos por kilogramo para el consumidor final, lo que, dijo, evidencia fallas del gobierno para regular el mercado.

Rodríguez Gómez calificó como un fracaso de la Sader que los agricultores tengan que vender sus cosechas a precios muy bajos, mientras que las empresas comercializadoras, la industria de la masa y la tortilla, así como intermediarios conocidos como “coyotes”, obtienen mayores ganancias.

“Utilidades son para empresarios”

El dirigente explicó que cuando el maíz llegó a venderse cerca de los 8 pesos por kilogramo —entre 7.60 y 7.80 pesos— el precio de la tortilla rondaba los 27 pesos. Sin embargo, actualmente el grano se paga entre 3.30 y 3.50 pesos por kilogramo, mientras que el costo del producto final prácticamente no ha cambiado.

A su juicio, esta situación demuestra que el gobierno mantiene vínculos con grandes empresarios, a quienes —según afirmó— se les favorece con mayores utilidades.

Rodríguez Gómez subrayó que los productores no buscan subsidios, ya que consideran que esos recursos terminan beneficiando a las grandes empresas. En cambio, pidieron que si el maíz alcanza un precio de 7 pesos por kilogramo, las empresas tortilleras paguen esa cantidad a los productores.

Finalmente, cuestionó la actuación del gobierno federal y criticó las declaraciones del titular de la Sader, Julio Berdegué, quien ha señalado que se trabaja para regular el mercado. Según el dirigente, esa afirmación no refleja la realidad que viven los agricultores desde el inicio de la actual administración.

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